La masacre de Once (o la maniobra de mostrar la bala y no la mano que sostiene el arma)


 

Tres meses: un gobierno nacional, un gobierno de la ciudad, una empresa, 51 muertos, más de 700 heridos, un trabajador sospechado, ningún responsable. Es esta una cadena de efectos de decisiones políticas que venía advirtiéndose desde hace varias décadas. El reclamo por un servicio de transporte publico, digno e igualitario en nuestro país representa una necesidad tan urgente para el pueblo como postergada para el gobierno. Caminar en línea recta por las clases del tren –turista, primera, pullman y camarote- es un buen ejercicio para ver a pequeña escala no sólo la organización de la máquina sino cómo dicha organización dispone los cuerpos, las caras, los olores, los colores, los derechos, el oxígeno, la temperatura, los alimentos, la luz, la higiene.

La masacre de los trabajadores en Once es el último y el peor de los efectos: su propia muerte anunciada. Los trenes de nuestro país son un arma de doble filo: permiten continuar con la vida diaria pero al mismo tiempo son su constante amenaza de muerte. Ya en el año 1991 con la huelga ferroviaria los trabajadores hacían público lo notoriamente conocido por los mismos usuarios. Desde ese momento, y desde mucho antes también, ningún gobierno se interesó por mejorar las condiciones lamentables en las que viajan los trabajadores. Muy por el contrario, a lo largo de todo ese tiempo, las empresas concesionarias siguieron estableciendo negociados, impidiendo que aquellas inversiones mejoraran el servicio. Como si esto fuera poco los dueños de la empresa, gracias a sus buenas migas con el gobierno menemista, lograron concentrar en sus billeteras el capital que debía ser del pueblo. Mucho no ha cambiado con el actual Gobierno Nacional. En el año 2011 TBA recibió un subsidio de 133 millones de pesos del estado. Esto sumado al abono de los pasajeros da cuenta de la desinversión: el dinero del subsidio, supuestamente destinado a las mejoras del servicio, se convierte en ganancia limpia para los empresarios. Esta serie incompleta de datos es la verdadera causa que produjo la masacre de Once.

Luego del terrible acontecimiento y en medio del dolor y la bronca de todos, los responsables políticos intentaron culpabilizar a los trabajadores por lo ocurrido; vivos, muertos y heridos. Juan Pablo Schiavi (Secretario de Transporte dela Nación) osó declarar que “el número de muertos fue tan alto porque los primeros dos vagones estaban abarrotados. Esto pasa por como somos los argentinos, que nos queremos bajar primero para salir antes o no tomar el colectivo”. Dar vuelta la carga de la prueba, convirtiendo a la víctima en victimario, es una de las peores canalladas. Hacer responsable a los usuarios por viajar hacinados, como si el problema se redujera a una mala costumbre argentina.

Hoy, tres meses después de la masacre, el Gobierno Nacional decide quitarle la concesión de los trenes a TBA. Podría haberlo hecho antes, no había novedad en el estado paupérrimo del servicio y el desenlace no hacía más que confirmarlo.  Sucede que tomar esa decisión inmediatamente después de lo ocurrido no daba lugar a vaguedad en el reparto de culpas. Por el contrario, el tiempo que se dejó transcurrir fue clave para desvincular a la empresa y, por relación directa, al mismo gobierno de la responsabilidad por las muertes. Sin embargo, las declaraciones del funcionario kirchnerista, Julio De Vido, parecen contradecir la propia estrategia. ¿Por qué no menciona en sus declaraciones la masacre ocurrida y sólo habla del mal estado del servicio ferroviario? ¿Cómo es que un funcionario público prefiere hablar como vocero de la empresa? El miserable estado de los trenes y la masacre no pueden ser disociados, hacerlo no es más que reafirmar la responsabilidad. Aseverar que la quita de la concesión responde al mal servicio y no mencionar el crimen es, a todas luces, autoincriminarse. De Vido parece aquel personaje de Alan Poe al que la consciencia le juega una mala pasada: mientras intenta ocultar el cadáver de quien matara debajo del piso, termina por confesar su propio crimen.

No es casual que los grandes multimedios, los empresarios y los gobiernos hayan decidido bautizar como tragedia lo sucedido en Once. Una tragedia es un hecho fortuito, no previsible y ajeno a la voluntad humana. Lo ocurrido en Once fue a todas luces un múltiple crimen. Se conocía el deterioro de los trenes, los rieles, los andenes; el notorio abandono, aún para el transeúnte más distraído; los reiterados reclamos tanto de los trabajadores del transporte como de los usuarios; el desinterés de los empresarios y de los gobiernos. El desenlace no fue una sorpresa, sino la confirmación de las recurrentes advertencias. Sin embargo, no hay al presente responsables de la terrible masacre. La hipótesis del maquinista ebrio o dormido fue el “mayordomo” de la escena del crimen. La acusación indirecta hacia los usuarios con sus malas maneras así como al trabajador que manejaba el tren responden a la primitiva estrategia de sacrificar al más débil para encubrir a los peces gordos responsables de los hechos: los funcionarios del gobierno y los empresarios de TBA. La trillada maniobra de mostrar la bala y no la mano que sostiene el arma.

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