Muchas deciden hacerlo; pocos deciden prohibirlo

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En la madrugada del 28 de septiembre se aprobó por un voto de diferencia la Ley de Aborto no Punible en la Ciudad de Buenos Aires. La misma establecía que las mujeres embarazadas producto de una violación y aquellas de las cuales corriera riesgo su vida en el trascurso de la gestación pudieran realizarse un aborto seguro en hospitales públicos. La ley no fijaba un límite de semanas de embarazo para la realización del procedimiento y era válida para mayores de 14 años, con el único requisito de la presentación de una declaración jurada y la denuncia correspondiente, de haber sido realizada.

Hubo dos posturas antagónicas frente a la decisión. Católicos y evangelistas, dos días después de aprobada la ley, se manifestaron en contra de la misma y exigieron a Mauricio Macri que vetara una vez más una medida sancionada por la Legislatura. En contraposición a esta reacción, se presenta una solicitada en favor del normal curso de la legislación con más de mil avales periodistas, actores, intelectuales, organizaciones sociales.

Exactamente 7 días después el Jefe de Gobierno Porteño, Mauricio Macri, frente a la pregunta que apuntaba a las sospechas acerca del veto de la ley, responde de manera socarrona alegándose el título de “Jefe del veto”. Dicha declaración tuvo lugar nada más ni nada menos que en una cena organizada por Consenso Republicano, una organización comandada por el ex Presidente de la Rural, Guillermo Alchourón. Pero esto finalmente no quedó en la mera broma. Luego anunció que iba a vetar la ley bajo el falaz argumento de que ésta “excede lo establecido por la Corte Suprema”. Cabe señalar que durante el debate previo a la aprobación de esta ley este “argumento” jamás fue esgrimido por el bloque del PRO frente al proyecto consensuado por la oposición.

El anuncio del veto no fue el único de la noche. Macri, en un intento de lavarse las manos, decidió declarar que el próximo martes 9 de octubre se realizaría en la ciudad el primer aborto legal, como si estos procedimientos no dependieran de sus arbitrarias decisiones. No fue la única información brindada por el Jefe de Gobierno: osó hacer públicos datos personales específicos de la mujer a la cual se le realizaría la intervención, poniendo en riesgo su integridad física y la práctica quirúrgica en sí misma. Por otro lado, también se difundió la información del lugar y hora donde se llevaría a cabo la práctica.

Así es que la jornada del martes fue de lo más repugnante. Católicos extremos de la agrupación Pro-vida escracharon la vivienda de la víctima (de abuso, de trata). Esto no les fue suficiente: también se hicieron presentes en el Hospital Ramos Mejía con leyendas en sus remeras como “elegimos la vida”, repartieron volantes y hasta lograron ingresar a la habitación donde se encontraba internada la mujer. Allí la amenaza fue clara: “van a sonar todas las campanas de la ciudad cuando asesines a tu hijo”. Más tarde se supo que esta institución, mediante su abogado Pedro Andereguen, había presentado un recurso de amparo para impedir la intervención. Myriam Rustán de Estrada fue la jueza que le dio curso a esta medida, desoyendo a la decisión emitida en marzo de este año por la Corte Suprema.

Macri, como ya es su costumbre, no puede hacerse cargo de esta situación ni de sus declaraciones ambiguas. El PRO, tras el accionar del Jefe de Gobierno, está asociado en los hechos con las instituciones católicas más recalcitrantes del país. Pro- Vida llevó a cabo lo que el PRO macrista gestó durante estas últimas semanas. El kirchnerismo y el radicalismo hicieron fuertes críticas a Macri, quizás porque son oposición. Críticas que de nada sirven el día después. ¿Cómo es que en nueve años, alegando una gran legitimidad de la sociedad, no lograron aún aprobar una ley nacional por el aborto legal? El discurso no parece condecirse con el accionar.

No es novedad que anualmente se realizan 500.000 abortos en nuestro país. No es novedad que todos los días mueren mujeres a causa de abortos caseros o clandestinos; incluso muchos de ellos se realizan en hospitales estatales. No es novedad que la mayoría de estas muertes se dan en los casos de mujeres pobres. Tampoco es novedad que no hay voluntad política, tanto del kirchnerismo, como del radicalismo y del macrismo para sancionar una ley nacional que legalice el aborto. No es novedad que se prioriza la relación con la Iglesia Católica por sobre la vida de las mujeres pobres.

Desde que comenzaste a leer esta nota, cinco mujeres se hicieron un aborto clandestino.

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Fiesta Negra y Unicornio Azul

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