Libertad de expresión (y represión)

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Desde hace años, los vecinos del barrio Malvinas Argentinas de la ciudad de Jujuy se están organizando contra una planta transformadora de energía, la cual se encuentra enquistada en el centro de dicha localidad. Mediante asambleas, radios abiertas, festivales y folletos, los habitantes mostraron su oposición a las actividades contaminantes de las que son víctimas desde la llegada de la empresa. A pesar de esto, la misma no sólo continuó con sus actividades sino que decidió expandirse, colocando cables de alta tensión bajo las casas de los pobladores.

El pasado miércoles 17, los vecinos del barrio acordaron iniciar la ocupación de los pozos para impedir la instalación de los cables. A las pocas horas de comenzar la medida de fuerza fueron violentamente reprimidos por miembros de la policía y la infantería. La jornada terminó con 49 detenidos y 60 heridos. Entre ellos se encontraban 2 periodistas de la radio comunitaria Radio Pueblo, la cual estaba difundiendo los acontecimientos. Su material fue extraído y no les fue devuelto luego de ser liberados.

Hasta aquí podemos encontrar algunas semejanzas con lo ocurrido al periodista Jorge Lanata en el Aeropuerto de Caracas, donde él y sus equipos fueron retenidos, junto al material que contenían. Pero las diferencias son grandes: lo sucedido en Jujuy no fue parte  de la agenda de ningún medio; ni oficialista, ni opositor.

Lo que se plantea aquí es, ni más ni menos, que la discusión sobre la libertad de expresión. ¿Realmente existe? ¿Es un derecho o un privilegio? ¿Quiénes la pueden ejercer y por qué? Éste se ha convertido en uno de los temas favoritos de los medios hegemónicos no alineados al gobierno a modo de crítica contra las restricciones que impone para con ellos. Sin embargo, su condición de monopolio da cuenta de un doble discurso: ellos también atentan contra la libertad de expresión al tener la hegemonía sobre los medios de comunicación, decidiendo qué es de público conocimiento y qué no.

Del mismo modo, el aparato represivo del Estado entró nuevamente en acción; mostrando que sin su colaboración ningún gobierno es capaz de controlar las distintas acciones que realizan los sectores del pueblo que continúan en lucha. Nuevamente quedó claro para qué sirve la policía. Quienes fantasean con otorgarles el estatus de trabajadores olvidan (o parecen querer olvidar) que profundizar su organización -a través de la creación de sindicatos- es también profundizar los golpes, las balas y las muertes de quienes no temen pelear por una vida digna.

El hecho ocurre en una cadena de acontecimientos que es digna de ser mencionada: la semana anterior fue asesinado un militante del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero- Vía Campesina (Mo. Ca. Se.), Miguel Galván -a menos de un año del asesinato de Cristian Ferreyra, otro militante de Mo. Ca. Se.- y el sábado 20 se cumplieron dos años del asesinato de Mariano Ferreyra. Tanto los sicarios que mataron a ambos militantes de Mo.Ca.Se., como la burocracia que mató al militante del Partido Obrero y los gobiernos provincial y nacional, tienen conexiones directas con sectores empresariales y la policía. Los medios pertenecientes al grupo que esgrime la libertad de expresión como bandera, no dieron lugar a estas noticias. Parece que para ellos, la libertad de expresión se limita al manejo de información según intereses propios, tanto políticos como económicos. Surge una pregunta, que no quieren responder: Libertad de expresión, ¿Para quién?

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Patito Amarillo

Patito Amarillo

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