Lo que mata es la policía

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El pasado lunes 11 otro caso de gatillo fácil estremeció a la ciudad. Alejandro Sosa fue la víctima, oficiales de la comisaría 3ª los victimarios. Es el segundo caso en tres meses.

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Durante la tarde del lunes 11 de marzo, poco antes de las 19 hs, llegó al Hospital Interzonal el cuerpo ya sin vida de Jorge Alejandro Sosa. Dos fueron las versiones de los hechos: el informe oficial contaba que Sosa falleció en el trayecto hacia el hospital, mientras que los médicos declararon que -por la rigidez y la temperatura del cuerpo- Sosa llevaba dos horas muerto al momento en que ingresó al hospital.

La policía acusaba a Sosa por haber robado una motocicleta. Lo cierto es que el viernes anterior Sosa increpó a uno de sus asesinos cuando este ingresó a su domicilio para robarle. El lunes, mientras Alejandro llegaba a su casa del trabajo, fue interceptado por este mismo individuo, junto con dos personas más, luego se sabría que uno de ellos era un policía vestido de civil. Este último lo redujo a punta de arma, maniatándolo. Ya en el interior de su vivienda comenzaron a golpearlo, con su familia y vecinos de testigos. La violenta golpiza fue tal que terminó con varios de sus dientes en el piso y una costilla quebrada atravesando su hígado, hecho que le provocó la muerte.

Su madre llamó dos veces al 911 para pedir auxilio. Nunca llegó. Sin embargo, ante el llamado del policía de apellido Córdoba, un móvil de la Comisaría Tercera se hizo presente en el lugar para llevar a Sosa detenido, en lugar de brindarle atención médica. Ya en la comisaría Sosa presentaba dolores abdominales, pero nunca fue atendido porque la guardia sanitaria no llegaría sino hasta la noche. Si se hizo presente María Isabel Sánchez, de la Fiscalía 8, dando el informe oficial. Pero si Sosa estaba acusado por tentativa de robo inflagrante, ¿por qué la policía no se comunicó con el fiscal de flagrancia, según indica el protocolo?

Para sumarle confusión al caso, la fiscal emitió un comunicado oficial con la versión policial de los hechos, donde reafirma la acusación de la tentativa de robo, y desvincula a la policía de la responsabilidad de la muerte de Sosa. Pero estas no fueron las únicas maniobras que tergiversaron el hecho. La fiscalía separó al Cuerpo Técnico Auxiliar del caso, encargados de tomar las declaraciones testimoniales de familiares y vecinos que habían presenciado los hechos. Vecinos que estarían dispuestos a declarar para denunciar que es la misma Comisaría Tercera la que manda gente a robar al barrio.

El jueves pasado la familia de Sosa, junto con su abogado César Sivo, vecinos y el Frente Antirrepresivo se manifestaron en las puertas de Tribunales, en la intersección de Brown y Tucumán, para presentar a la Fiscalía 8 un pedido para el esclarecimiento del asesinato de Alejandro Sosa. Dicho pedido incluía: gestionar la orden de allanamiento para la Comisaría, para así poder incautar la documentación pertinente; incautar los teléfonos de los efectivos de la dependencia que prestaron servicio el día del hecho; practicar un relevamiento testimonial al personal de guardia del Hospital Interzonal; solicitarle a la central 911 los registros de las llamadas del día; requerir la modulación radial del día correspondiente a la Comisaría Tercera.

El abogado también remarcó la importancia de separar a todos los efectivos de la Comisaría para no seguir contaminando la escena del crimen ni seguir entorpeciendo la resolución del caso. Asimismo, garantizar la seguridad de todos los testigos, ya que varios familiares de la víctima recibieron llamados telefónicos del Comisario de la Tercera, que irónicamente les ofreció su ayuda. La familia decidió salir a denunciar públicamente este caso para garantizar su seguridad, ya que están siendo amedrentados por la comisaría de su barrio. Es por esto que el abogado del caso Cesar Sivo remarca la importancia de la prensa en este caso, para evidenciar estas prácticas policiales; pero también advierte sobre el cuidado pues la primera versión difundida fue la oficial, que en este caso es la versión del asesino: la institución policial.

En la última semana el Ministro de Seguridad de la Provincia, Ricardo Casal, se hizo presente en la ciudad, pero no hizo ninguna declaración en referencia a este caso de gatillo fácil. Es el segundo asesinato de estas características que ocurre en nuestra ciudad en tres meses. En diciembre pasado fue asesinado Mauricio Araujo en manos de la policía. Casal sigue tomando el accionar policial de forma ligera y se encuentra actualmente elaborando un proyecto para disminuir la posesión de armas en la población civil. Sin embargo esta problemática no desaparecerá, ya que es la institución policial y el aparato represivo del Estado en su conjunto quienes seguirán portando las armas para amedrentar a los sectores populares que se interpongan en su camino.

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Algunos avances

Luego de las exigencias por parte de la familia de Sosa, Asuntos Internos de la policía bonaerense comprobó que varios uniformados estaban relacionados con el asesinato de Alejandro. Es por esta razón que el sábado 16 la Auditora General Viviana Arcidiácono ordenó un allanamiento a la Comisaría para verificar las acusaciones. Tanto el comisario Guillermo Reginati como los seis efectivos que participaron del traslado de Sosa fueron suspendidos de sus cargos, acusados de negligencia por incumplimiento de sus deberes. Asimismo, otros 30 policías fueron trasladados a diferentes dependencias.

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