Impunidad, inoperancia, complicidad

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El domingo 24 de marzo a las 6 AM, Martín Campos fue asesinado en la esquina de Colón y 242 mientras volvía de comer un asado con amigos. A pocas semanas del caso Sosa, vuelve a salir a la luz la relación entre la policía y la delincuencia.

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“Es difícil encontrar las palabras…” fue el preludio que eligió José Luis Jacobo para comenzar la entrevista que realizó a Maite Campos, hermana de Martín, el miércoles 27 de marzo. La respuesta fue certera y contundente, como si hubiera estado meditando sobre lo ocurrido hacía apenas 2 días durante toda su vida: “Quedate tranquilo, yo ya las encontré: corrupción, ineptitud, impunidad, inoperancia, complicidad; esas palabras encierran el crimen de mi hermano.” El asesinato de Martín Campos, realizado en circunstancias de robo el domingo 24 a las 6 AM, podría haberse enmarcado dentro de los llamados “casos de inseguridad”, aquellos que tanto atestan tapas de diarios y ocupan minutos al aire en las radios de todo el país. Si esto no pasó, o por lo menos no en su totalidad, fue gracias a la familia de Martín y, en especial, a las declaraciones que realizó su hermana en varios medios de la ciudad y el país.

Cuando Martín Campos se bajó del colectivo para regresar a su casa, tras disfrutar de un asado con amigos, fue increpado por dos personas en una moto quienes, para robarle los celulares que llevaba consigo y la billetera, le dieron un puntazo. Murió, según las pericias, casi al instante tras una herida de 3 centímetros en el corazón. Fue encontrado en la esquina de 242 y Colón por un vecino que alertó a la familia. La policía tardó horas en llegar y, según palabras de sus familiares, “lo cargó como a una bolsa de basura, golpeándole la cabeza contra el suelo.” Al dirigirse la familia a la comisaría para realizar la denuncia, la madre de Martín llamó a su celular y fue atendida por una voz desconocida. Tras la confusión de la madre por no escuchar la voz de su hijo, quien tenía el celular se dió a conocer: “no, no soy Martín, soy el que le afanó”. Al comprender lo que estaba sucediendo, Alberto Rosso, subcomisario de la comisaría N°12 ubicada en el barrio Jorge Newbery, tomó el celular de las manos de la madre de Martín y realizó una advertencia: “ese teléfono pertenece a alguien que mataron hoy, quédate ahí que vamos para allá.” ¿Negligencia o complicidad? Para Maite Campos, la segunda.

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Esquina de Colón y 242, donde fue asesinado Martín Campos

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Tras el extraño episodio en la comisaría decimosegunda, la familia se dirigió a la fiscalía donde la fiscal de turno no los recibió y le hizo comunicar que hasta que no termine la autopsia, no comenzaría la investigación. El primero de los tristes argumentos burocráticos de los que está empapada esta historia.

Luego se dirigieron nuevamente a la comisaría, donde se tomaron declaraciones a siete testigos. Uno de ellos, al ser menor de edad, lo hizo frente a un asesor de protección quien, seguramente por experiencia en el trato con la policía, aconsejó al joven que lea su declaración. Para sorpresa del testigo, sus dichos no se correspondían con el acta que había labrado la policía. Si esto parece tomado de una novela de Kafka, que el lector se imagine el procedimiento elevado al cubo. Es que, en efecto, tres veces fueron las que tuvo que repetir las declaraciones el mismo testigo por la falta de concordancia entre lo dicho y el acta.

El cuerpo de Martín fue entregado en la madrugada del día siguiente a su familia. El velorio duraría hasta las 15. Vecinos y familiares estaban convocando para las 18 una concentración en la esquina del hecho para movilizar hacia la comisaría exigiendo la resolución del caso y responsabilizando a la policía de los extraños sucesos del día anterior. Pero al momento de trasladar el cuerpo al cementerio, la funeraria encontró que el fiscal a cargo de la causa, Marcos Pagella, no había firmado el acta de defunción. La familia y los amigos que se encontraba para velar a Martín decidieron cortar la calle exigiendo la presencia del fiscal para que realice el acto burocrático necesario para llevar el cuerpo al cementerio. Mientras tanto, Pagella no atendía el teléfono. Finalmente, el fiscal pidió que alguien de la funeraria se acerque a su oficina. Pero no lo atendió y, tras unas horas de espera por parte de sus amigos y familiares, terminó enviando a alguien para que firme el acta.

Al mismo momento que la familia intentaba trasladar al cementerio al cuerpo de Martín, los vecinos concentrados en la esquina de Colón y 242 fueron increpados por el subcomisario Rosso quien los acusó de “criar chorros” –no, lector, no es un chiste-. Al llegar la familia a la concentración, el comisario ya había sido echado por los vecinos. Al poco tiempo llegó un delegado de la comisaría a pedir una reunión con los familiares, y así evitar que los 300 vecinos convocados no marchen a las puertas de la comisaría. La familia se negó al acuerdo y decidió marchar. Cuando los manifestantes llegaron a la comisaría recibieron las “disculpas” del policía encargado de esa dependencia por los dichos de Rosso e informó que había sido “trasladado” a otra comisaría. Días más tarde la familia se enteraría que el subcomisario Rosso se ganó unas vacaciones hasta que ser reubicado en alguna otra comisaría. Los vecinos, quienes no querían disculpas sino respuestas, pidieron que se separe a la comisaría decimosegunda de la investigación alegando que trabajaban en conjunto con los ladrones del barrio. Algunos de ellos afirmaron que uno de los policías de dicha dependencia solía ir a cenar a la casa de uno de los sospechosos del asesinato de Martín.

Luego de que se retrasara el inicio de la investigación, luego de que se prohíba mover el cuerpo por falta de una firma en un papel –la burocracia lo llama “acta de defunción”-, luego de que se tergiversen declaraciones tres veces, la policía informó a la familia que la causa no existía, que las declaraciones tomadas el día anterior “no estaban”. Finalmente, la familia fue trasladada a la comisaría N°4 donde se dió inicio a la causa. Al día siguiente en la DDI, cuando la familia quiso ver el desenvolvimiento de ésta, se les negó esa posibilidad.

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Vecinos y familiares concentrados frente a la Comisaria N° 12

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Como si todo esto fuera poco, a dos días del asesinato de Martín, Laura Álvarez –su mujer, madre de sus dos hijas y embarazada de otra- fue asaltada por cuatro personas mientras se dirigía al colegio al que asisten sus hijas. Sin embargo, la familia no está totalmente convencida de relacionar este caso con los autores del asesinato. Aunque tampoco se animan a descartar dicha posibilidad.

Al otro día, dos sospechosos fueron detenidos. Según informó la fiscalía en los respectivos allanamientos fueron encontrados los documentos de Martín y el cuchillo con el que pudo haberse realizado la herida.

El caso estuvo atravesado por una fuerte denuncia contra la policía y su complicidad con los ladrones, así como también la responsabilidad política del gobierno nacional, provincial y municipal. Esto, lejos de ser mérito de los medios de comunicación, fue impulsado por la familia de Martín. Al parecer, los medios no recuerdan el caso de Alejandro Sosa, ocurrido hace apenas dos semanas, que puso al descubierto las relaciones intrínsecas entre la delincuencia y la policía en la ciudad de Mar del Plata. De hecho, los medios gráficos que cubrieron el caso recortaron el discurso de Maite Campos para homologar este caso con los tantos otros catalogados bajo el rótulo de “inseguridad”. En las entrevistas radiales se puede percibir con mayor claridad cómo la familia responsabiliza fuertemente a la policía del barrio Jorge Newbery y, lejos de considerar como una solución el “aumento de personal policial”, propone responsables y soluciones que no suelen escucharse en este tipo de casos.

Por su parte, el gobierno municipal lejos estuvo de la inoperancia denunciada por la familia Campos; accionó inmediatamente para usar el asesinato de Martín como trampolín para establecer la discusión sobre una policía comunal en la ciudad de Mar del Plata. No es la primera vez que el gobierno de Pulti utiliza alevosamente un caso de estas características para extraer un beneficio político. Quizás el caso más célebre sea el asesinato del taxista Luis Severiens, gracias al cual el municipio consiguió 35 millones de pesos como partida presupuestaria para un “programa de seguridad”. Con ese dinero, se instalaron las cámaras de seguridad que rondan el centro marplatense y sus inmediaciones. El resto de esa plata nadie sabe a dónde está.

A la espera de que el asesinato de Martín sirva realmente para rediscutir qué es la inseguridad y quiénes la causan, los familiares, amigos y vecinos seguirán movilizados y exigiendo el esclarecimiento del caso.

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Por Patito Amarillo y Violeta Porro

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