Nueva policía, ¿nuevos hábitos?

Desde hace un tiempo un proyecto del Gobierno Municipal, a cargo del intendente Gustavo Pulti, viene generando algunos debates al interior de la sociedad marplatense. Se trata de la creación del cuerpo policial municipal, que serviría de refuerzo en la batalla por la “seguridad” junto a las diversas fuerzas provinciales y nacionales. Para charlar sobre este tema, nos acercamos a Brown y Tucumán, lugar donde se emplaza Tribunales. Allí, en el cuarto piso, nos recibió Juan Tapia – Juez de Garantías del Juzgado Nº 4- para darnos algunos indicios sobre el proyecto.

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Comentanos cuál es el estado actual del proyecto y quiénes son los autores e impulsores del mismo.

Todavía es muy incipiente la propuesta. Incluso, hasta donde sé, no hay un proyecto redactado para presentar. Lo que se presentó es el equipo técnico que se va a encargar de desarrollar la iniciativa y que va a poner en marcha e implementar inicialmente este proyecto, en caso de que la consulta popular a realizarse en mayo dé positivo en la creación de la Policía Municipal. Lo que hay actualmente es un plebiscito, un equipo de técnicos que diseñarán el proyecto, que ya se está elaborando para la discusión en el Consejo Deliberante, para saber de qué se trata. Porque mucha gente es difícil que decida por si o por no, lo mismo los legisladores a favor o en contra, sin un esqueleto que determine funciones, objetivos, atribuciones, financiamiento, capacitación, etc.

Entonces, todo eso no está elaborado todavía.

No, se está formalizado, tiene que ser materializado en un instrumento que se ponga en consideración de los que lo tienen que resolver. Hasta lo que se pudo observar ya hay algunas líneas y pensamientos de este grupo de académicos, que encabeza Alberto Binder.*

¿Cuál es, a tu parecer, la razón o los motivos que dan inicio a este proyecto? ¿Por qué ahora?

Intuyo que las razones parten de un diagnóstico que tiene que ver con dos ejes: ineficacia de los cuerpos policiales de la bonaerense y la vinculación con la ilegalidad. En Mar del Plata se advierten esas dos problemáticas con casos concretos. Por un lado en la ciudad ha habido en los últimos años diversos casos de gatillo fácil, también se ha notado en la zona; Balcarce tuvo un caso paradigmático. Por otro lado miembros del Poder Judicial han hallado casos de causas armadas, generalmente hacia personas en vulnerabilidad que no tenían modo de reclamar ante órdenes de allanamientos o imputaciones penales en esas causas. También hay hechos gravísimos de corrupción, como el que derivó en la muerte de un comerciante. En este caso la aprehensión de aquellos que luego terminaron confesando la muerte, se saldó con una suma de dinero para los policías y la devolución del arma a los que efectuaron el delito, luego se suscita el homicidio. Asimismo, nos encontramos con hechos gravísimos al interior de la comisaría 3ª, donde un agente provoca a golpes la muerte de un aprehendido en circunstancias muy extrañas. No sólo eso, se reveló una trama de encubrimiento y protección de desarmaderos que forman parte de redes de ilicitudes generalmente lejanas a la intervención policial. El que cae es el que roba un auto, en muchos casos chicos de sectores marginales reclutados para esto. Los que se benefician con ésto tienen réditos económicos y protección policial. Por otra parte hallamos ineficacia en la prevención de determinadas zonas que se puedan considerar conflictivas, donde no hay coordinación con el Ministerio Público Fiscal. Todo esto genera un diagnóstico con la necesidad de un cambio. Un cambio que se pueda construir. ¿Por qué Municipal? Porque permitiría tres cuestiones claves. En primer lugar tenemos la conducción local, que permitiría el conocimiento del territorio y de espacios y que estos no tengan que centralizarse en La Plata; por lo tanto los conflictos de cada distrito y barrio no tengan que ser tratados del mismo modo. En segundo lugar el control de esa fuerza policial, hecha desde lo local no sólo por parte de las fuerzas políticas, sino de participantes de la sociedad civil a través de foros y agrupaciones vecinales. Esto permitiría controlar el modo en que uno de los poderes del Estado ejerce ese control. Por último el respeto por la legalidad, con un fuerte control por parte del Poder Judicial pero también de las organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales, que permitan que el ascenso de personal policial y la expulsión de aquellos que cometan ilicitudes sea coordinado desde un ámbito local o un observatorio que controle el desarrollo de la fuerza policial. Una aclaración que me parece muy importante: la cuestión de la seguridad o del delito urbano no solamente va a ser resuelto con más policías o con la policía, todo lo contrario, es una intervención interdisciplinaria y diversa según los factores que intervienen en cada delito. También es importante advertir cómo en el último periodo los medios de comunicación reflejan la cantidad de delitos dolosos que desde Enero se han causado en la ciudad. La existencia de una Policía Municipal es probable que no modifique algunos de esos números, en la medida que esto no venga acompañado de una serie de intervenciones estatales. Pienso en un conflicto interpersonal, de los muchos que forman parte de la estadística de homicidios dolosos en Mar del Plata, donde una persona está armada y causa la muerte de otra, son conflictos que se desarrollan en espacios privados o en espacios en los cuales hay que controlar la proliferación de las armas e intervenir en políticas de desarme.

Es decir, en última instancia, la dirección de esta nueva policía es política, ¿cierto?

Efectivamente.

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¿Y por qué pensás que lo que envuelve a la Policía Bonaerense (corrupción, ilegalidad, etc.) no ocurriría con esta nueva fuerza Municipal? ¿Quiénes formarían a los nuevos efectivos?

En principio se piensa en una formación local. A futuro se podría pensar, si se extiende a otros municipios, la  formación de institutos que coordinen determinados municipios. Pienso que habrá que intervenir fuertemente sobre los institutos de capacitación de personal policial. Me refiero a la Academia, para la formación de una cultura policial distinta. Pero no solamente sobre la capacitación inicial, sino en los momentos posteriores en los que un funcionario policial entra en otras funciones. Muchas veces una buena formación académica es corrompida con prácticas de superiores o de gente que está anquilosada, que tiene prácticas vinculadas a la corrupción.

¿No crees que se trate de un problema estructural de la institución?

Sin dudas. Hay una cuestión previa que es el ejercicio del poder y lo que ello implica. Hay una película que llevo a la Facultad: “El experimento”. En la misma se reclutan 8 personas de la calle para entrar en un juego donde algunos son penitenciarios y otros reclusos. Ahí se demuestra cómo el ejercicio de poder va modificando a los que son sometidos como a los que someten. Eso tiene que ver con la naturaleza humana. Más allá de que uno pueda enfrentarse a ellos, lo que tiene que hacer es buscar mecanismos de control para que ello pueda ser revertido y para ir desechando aquellas manzanas podridas, para que eso no sea estructural. Que sean casos individuales y no la estructura la que esté corrompida como hoy pareciera ser, como demuestra los estudios de aquellos que avanzan sobre la Bonaerense.

En este sentido, ¿para vos, es posible la democratización de la policía?

Por lo menos es un desafío ineludible de quien pretende no mirar a los costados y mirar la raíz del problema. Pero insisto en un aspecto: el cambio no debe hacerse sólo en la Academia y la formación de esa cultura, sino también la posibilidad de un control local. Implica que la ciudadanía pueda, con el voto, hacer responsable a quien conduzca a esa fuerza que hoy es difusa, ya que la responsabilidad está en otro lugar y en el camino se pierden las responsabilidades políticas. También permitiría que el intendente que tenga a su cargo esa policía, tenga a la ciudadanía evaluando su gestión. Hay una manera de controlar mucho más eficiente que el actual.

Sin embargo, de una parte hasta hoy, se han profundizado los mecanismos de control en las distintas sociedades, también se profundizó en la represión y criminalización de la protesta y el gatillo fácil. Se podría pensar al revés: que los mecanismos de control refuerzan la desigualdad social que origina el conflicto.

Si, pero se podría pensar al revés desde el punto de vista que eso ha permitido visibilizar prácticas y comportamientos que permanecían ocultos. Estas prácticas antes se concretaban pero por ausencia de estos organismos de control y denuncia no salían a la luz. No es que los organismos de control creados hayan aumentado esas prácticas, sino que han logrado visibilizar un modo de estructurar una fuerza en base a parámetros vinculados con la ilegalidad misma. Esto dicho por el ministro anterior de la gestión de Ricardo Casal, que expresó que la Bonaerense reclutaba jóvenes del conurbano platense para la comisión de delitos. Una denuncia extremadamente grave. Se ha manifestado claramente en la provincia y en La Plata, particularmente, con acciones judiciales que no tenían consecuencias jurídicas adecuadas, como encontrar a los responsables de esas prácticas

Recién nos decías que uno de los aspectos positivos de la creación de la Policía Municipal es el control ciudadano. La Policía Metropolitana, en Capital Federal, tiene en lo formal esa condición, pero al mismo tiempo está controlada por ex – jefes exonerados de la Federal. ¿Cómo se fiscaliza el ejercicio del control sobre la nueva fuerza?, ¿cómo no se cae en una nueva Metropolitana?, además considerando los antecedentes donde observamos un fuerte intento de militarizar la ciudad, con Prefectura en las calles y las cámaras de vigilancia, con el argumento de derecha de “más policía más seguridad”. A eso le sumamos que las fuerzas de Metropolitana y Federal han actuado en conjunto en casos de represión, por ejemplo el caso del desalojo en Parque Indoamericano. El interrogante es ¿cómo no se vuelve una Metropolitana más la policía local?

Los interrogantes y desafíos son diversos. Uno no puede apoyar sino críticamente estas iniciativas, teniendo en consideración experiencias pasadas. Un aspecto a no repetir es reclutar a funcionarios exonerados, sobre todo si están involucrados en hechos de gravedad, como encubrimiento en atentados, persecución y escuchas a organizaciones y personas.

Ahí entramos nuevamente en la cuestión política de la dirección del poder…

Desde ese punto de vista, uno apunta a que las personas convocadas, con Alberto Binder y equipo a la cabeza, son personas con trayectoria en la defensa de los derechos humanos y han tenido una capacitación en la puesta en marcha de reformas judiciales democráticas en Latinoamérica. Sería importante que ellos puedan permanecer no sólo durante el período de consolidación del proyecto, sino monitoreando y controlando las prácticas cotidianas. En segundo lugar, el desafío es que los sectores progresistas asuman una política de seguridad democrática. Nadie puede negar que hoy los sectores que más sufren el delito son las capas populares, las franjas más desprotegidas. Ellos no pueden pagar seguridad privada, ni rejas o muros que dividan la ciudad del resto.

Los que, por portación de cara, son detenidos por la policía…

Absolutamente. Los que sufren la violencia tal. Pero también el delito común causado por otros ciudadanos. En consecuencia hay que diseñar un programa de protección de esos derechos. Me parece clave que esto pueda funcionar de la mano de un estudio de campo permanente sobre las zonas de conflictividad puntuales. Es distinta la preocupación del vecino de Los Troncos que tiene miedo de que le roben el auto, a la preocupación de un laburante de otro barrio donde existe una bandita protegida por la policía. No es lo mismo el delito en ciertos lugares en términos de alarma social, al delito cometido en ciertas franjas que representa una respuesta ciudadana  de alarma mucho más grave. Muchas veces el problema que tenemos desde los sectores progresistas es que pretendemos, desde lo discursivo, remarcar que esas demandas son punitivas, populistas o de mano dura. Frente a eso no construimos un programa alternativo. Ese es el desafío que debe darse, aún con todos los riesgos o experiencias que uno pueda advertir. Ese mapa del delito debe ser construido por gente capacitada en la materia, que no tienen que ser policías ni abogados, sino sociólogos o trabajadores sociales que puedan definir las áreas en las cuales es necesario intervenir desde lo ambiental a lo social.

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¿Se sabe dónde se va a hacer la escuela de policías?

No. En principio ya hay una escuela de policías funcionando, de modo tal que sería razonable que algunos de esos recursos la Provincia lo ceda a la Municipalidad, tanto como los convenios con las facultades, como es el caso de Derecho con la capacitación en Derechos Humanos. Otro desafío, en ese sentido, será la coordinación con la Policía Bonaerense.

¿No creen que pueda desatarse un problema de territorialidad entre las fuerzas?

Es un desafío. Poder intervenir en esos territorios y que esta nueva fuerza pueda denunciar las prácticas que hoy permanecen ocultas, que gran parte de la ciudadanía conoce pero no denuncia. A su vez que pueda servir para desarticular negocios y actividades ilícitas que benefician a alguien, no necesariamente a los capos policiales. Este proyecto debe ser analizado a largo plazo para su evaluación. El riesgo está que frente al primer hecho violento, haya una contramarcha que vuelva a este proyecto a foja cero.

Muchas gracias por recibirnos

A ustedes.

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El proyecto es encargado por el Ejecutivo Municipal a Alberto Binder, un especialista en la materia. Él mismo diseñó un proyecto de reestructuración de la Bonaerense, luego del caso de José Luis Cabezas. Proyecto que quedó estancado por los cambios de las conducciones gubernamentales.

El debate está instalado. Por supuesto los interrogantes son muchos. Pero también las certezas: más de 3000 jóvenes -en su mayoría pobres- han sido asesinados en casos de gatillo fácil por las diversas fuerzas policiales (ver “Yo sabía que los mató la policía“), otros miles son detenidos y torturados en comisarías y cárceles, miles desaparecidos en redes de trata donde no falta la connivencia policial, comisarías enteras implicadas en redes delictivas. La cuestión no atañe meramente a unos efectivos, sino a la estructura que los contiene. Hay una consigna que marca esta idea de manera contundente: no es un policía, es toda la institución.

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*Binder es abogado, director del CEPPAS -Centro de Políticas Públicas para el Socialismo-, Miembro de la Comisión Directiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y miembro fundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP).

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Naranja Mecánica y Viejo Verde

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